El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha celebrado este jueves un pleno extraordinario, presidido por el alcalde, Jesús María Claros, a petición de los grupos políticos de la oposición y el concejal no adscrito, en el que se han debatido diferentes propuestas relacionadas con la fiscalidad municipal y la tasa de residuos.
Durante la sesión se han abordado cuatro iniciativas. El Grupo Municipal Socialista ha planteado una modificación de las ordenanzas reguladoras de la tasa de residuos domésticos y de actividades económicas; Andalucía por Sí ha propuesto reducir el tipo general del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) del 0,64 % al 0,60 %; mientras que Vox ha presentado una propuesta para estudiar la reducción del IBI mediante medidas de eficiencia y ahorro municipal, junto con nuevas bonificaciones familiares. Por su parte, el concejal no adscrito ha defendido un sistema de compensaciones fiscales para contrarrestar el impacto económico de la tasa de residuos mediante bonificaciones y reducciones en otros tributos municipales.
Las cuatro iniciativas han sido debatidas durante la sesión plenaria y, tras las correspondientes votaciones, no han obtenido el respaldo necesario para su aprobación. Durante el debate, el equipo de gobierno ha explicado las actuaciones que ya está impulsando el Ayuntamiento para abordar las preocupaciones de los ciudadanos en relación con la tasa de residuos, así como las nuevas medidas anunciadas por el alcalde, Jesús María Claros, para avanzar hacia una revisión en profundidad de la ordenanza.
En este sentido, se ha destacado el trabajo para elaborar un nuevo estudio técnico y económico que permita recalcular los costes del servicio de recogida y tratamiento de residuos, revisar los criterios actuales de distribución y analizar posibles modificaciones para conseguir un reparto más justo entre las viviendas y las actividades económicas.
Revisión de la ordenanza y medidas para establecer una tasa de residuos más justa
El alcalde, Jesús María Claros, ha puesto en marcha una batería de medidas para revisar la tasa de residuos y avanzar hacia un reparto más justo en Vélez-Málaga. La iniciativa contempla cuatro líneas de trabajo: elaborar un nuevo estudio técnico y económico para revisar los costes reales del servicio y los criterios de reparto de la tasa; estudiar la posibilidad de tener en cuenta el número de habitantes de cada vivienda en su cálculo; analizar nuevas reducciones para las familias con mayores dificultades económicas; y revisar el sistema de liquidaciones de profesionales y empresarios con varias actividades, con el objetivo de estudiar una única liquidación que las contemple todas.
Asimismo, se ha informado del refuerzo de la atención ciudadana con cuatro personas más, de las reuniones mantenidas con asesores fiscales del municipio y de las gestiones con el Patronato de Recaudación Provincial para agilizar la resolución de recursos, corregir posibles errores y facilitar las devoluciones de ingresos indebidos que legalmente correspondan.
El Gobierno municipal señala que estas actuaciones buscan atender las incidencias detectadas y, al mismo tiempo, avanzar en una revisión de la ordenanza respaldada por los correspondientes estudios técnicos y jurídicos y ajustada a la legislación vigente.
Limitaciones en la modificación del IBI
El Ayuntamiento de Vélez-Málaga continúa trabajando para mejorar la gestión de sus recursos y atender los compromisos económicos municipales, con el objetivo de garantizar la estabilidad de las cuentas y mantener los servicios que reciben los vecinos. En este contexto, el Consistorio está sujeto a un Plan de Ajuste que establece las condiciones necesarias para acogerse a los mecanismos estatales de financiación y hacer frente al pago de las facturas de proveedores. Estas obligaciones condicionan las propuestas de modificación del IBI planteadas por Andalucía Por Sí y Vox, así como la propuesta de compensación fiscal del concejal no adscrito.
El Plan de Ajuste permite atender las obligaciones pendientes con empresas y autónomos, garantizar el funcionamiento de los servicios municipales y avanzar en la normalización de los pagos. Su aplicación implica cumplir una serie de requisitos económicos y fiscales establecidos por el Ministerio de Hacienda, que limitan el margen de actuación del Ayuntamiento en materia tributaria y condicionan posibles modificaciones del IBI.
El alcalde ha indicado que el Ayuntamiento está analizando esta cuestión junto a la Intervención General para determinar las limitaciones que establece el actual marco económico y fiscal. “Estamos estudiando las condiciones y obligaciones que tenemos que cumplir para actuar siempre dentro de la legalidad”, ha incidido Claros.